Miércoles, 31 Octubre 2018 21:07

743 ASESINATOS LABORALES EN 2017

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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), dio a conocer hace unos pocos días el informe en el cual se brinda información sobre muertes, accidentes y enfermedades profesionales[1]. Es fundamental tener en cuenta que todos los datos aumentan al considerar a los trabajadores/as precarizados/as y en negro, ya que los mismos son dejados de lado en la publicación oficial.

Las muertes aumentaron un 5% en relación al año anterior y es la primera vez que suben en los últimos seis años. El índice de laburantes fallecidos por cada millón de trabajadores cubiertos en el sistema mostraba caídas desde 2011. El incremento se debe a los accidentes fatales en sectores como finanzas, minería, transporte, agropecuario y comercio, el indicador ascendió de 76,5 a 79,2 el año pasado.

En el mismo informe nos dice que se declararon 570.688 casos por lesiones por causa de accidentes laborales o enfermedades profesionales. “Cuando se desagrega el total de notificaciones según el tipo de evento, el 67,5% fueron accidentes de o en ocasión de trabajo, el 23,8% accidentes in itinere, el 2,4% enfermedades profesionales y el 6,3% constituían reagravaciones. En el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (25,3%), las caídas de personas (22,2%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.

Desde la SRT tratan de buscar un lado positivo a la información y destacan que “bajó la accidentabilidad laboral en las principales actividades económicas”. Sin embargo el abogado laboralista Gastón Valente, perteneciente a la CTA de los Trabajadores, menciona que “La reducción no es consecuencia de los métodos de prevención de riesgos y del correcto funcionamiento del sistema”. La disminución es “una consecuencia de los problemas estructurales del sistema de riesgos de trabajo que subregistra enfermedades profesionales y no incrementa los niveles de cobertura así como de los de desajustes macroeconómicos observados desde el año pasado”. “Ante una enfermedad no reconocida o rechazada, no existe prevención de riesgos, y su cobertura queda a cargo del trabajador, a través de su obra social o sistema público. El descenso en las estadísticas del reconocimiento de las enfermedades profesionales no es una buena noticia”[2]. Como deja bien en claro, a disminuir el trabajo por las consecuencias económicas de la recesión y el rechazo de los empleadores y aseguradoras a reconocer varias enfermedades generadas por el trabajo, el número desciende.

JOVENES Y EN PELIGRO

Lejos de lo que sale en los medios masivos, los jóvenes no somos peligrosos. Es justo lo contrario; los jóvenes estamos en peligro. La mayor cantidad de accidentes corresponde a los jóvenes entre 25 y 29, con un total del 16,9% del total de las notificaciones. Seguido por el grupo de 30 a 34 años con el 16,1%. Estos datos no son casuales, esto se debe a que los y las jóvenes, representan el porcentaje más alto de desocupación. Los hombres sin trabajo hasta 29 años de edad representan un 27,5% y las mujeres de la misma edad el 24,8%.[3] Como podemos ver, desocupación-accidentes-juventud, son variables que van de la mano. Los trabajos con más riesgos y en peores condiciones son para el grupo etario donde mayor desocupación hay. Uno de cada cuatro jóvenes hasta 29 años, no tiene empleo.

“En todos los grupos etarios la proporción de hombres accidentados fue mayor a la de las mujeres (72,6% y 27,4% a nivel general), con una diferencia máxima en los más jóvenes: entre quienes tenían 16 a 19 años, el 85,4% de las notificaciones correspondían a varones y en el de 20 a 24, el 81,7%.”

MUJERES TRABAJADORAS

“En 2017, el 62% de la población cubierta eran varones, mientras que las mujeres representaban poco más del tercio restante. En relación al total de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AT y EP) con días de baja laboral, el 79% correspondió a varones y apenas el 21% a las mujeres. La estructura de la población cubierta según grupos de edad mostró similitudes entre ambos sexos. Los jóvenes de 16-19 años representaban el 1% del total de trabajadores en cada sexo. Este valor ascendía al 7%-9% en el grupo de 20-24 años de mujeres y varones, respectivamente, hasta alcanzar el valor máximo de 15% en el grupo de 35-39 años. Desde los 40 años en adelante, se iniciaba la tendencia descendente conforme avanzaba la edad del trabajador”

La diferencia en la cantidad de hombres y mujeres accidentados es una clara muestra de quienes realizan principalmente el trabajo “en negro”. Esto se debe que son las mujeres las que principalmente trabajan como empleadas domésticas, el sector de mayor nivel de informalidad y peor salario. En este rubro el empleo precario informal llega al 76%. Las mujeres  realizan las tareas de cuidados, servicios y empleos domésticos, que no son remuneradas y reproducen la mano de obra del trabajador de un día para el otro, indispensable para poder ir a la mañana siguiente a la oficina o el taller. Según la Encuesta Permanente de Hogares de marzo de 2017, el 39% de las mujeres trabaja en el sector informal (contra el 34% para los hombres). Los hombres también tienen la mayoría de los empleos del sector formal (56%) y la mayoría de los empleos formales de tiempo completo (65%).

Obviamente, al no estar registradas tampoco tienen el derecho a jubilarse. La reforma previsional  puso sobre la mesa que son las mujeres las que en su mayoría recurren a las moratorias jubilatorias porque son las más precarizadas. Las moratorias permitían jubilarse a las personas que no habían realizado la cantidad de aportes requerida por el Estado. El 86% de las personas que accedieron a esa moratoria fueron mujeres. La falta de aportes  obedece, en la mayoría de los casos, a las tareas domésticas no remuneradas -como ser ama de casa y criar a los hijos.

Por su parte, lxs travestis y trans desnudan otra terrible realidad. Los niveles de inserción laboral son desesperantes –los pocos datos que se conocen de ellxs- exponen que solo el 1%  consigue empleo formal. Esto hace que se vean obligadxs a prostituirse para poder sobrevivir. La esclavitud sexual que deben soportar para poder llevar un plato de comida a la casa,  explica  por qué su expectativa de vida no supera los 35/40 años. Obviamente no hay estadística de la SRT sobre este tema.

¿Acceso a la justicia o industria del juicio?

Desde las cámaras empresariales y el gobierno, se viene denunciando la “industria del juicio”, la cual influye en la productividad de la empresa, en el nivel de desempleo y en la no capacidad de planificación de los empresarios. Incluso, llegan a afirmar que eliminando “la industria del juicio” se crearan nuevos empleos ya que bajaran los “costos laborales”. De manera indirecta, buscan echarnos la culpa a los trabajadores y trabajadoras de la desocupación, intentando hacernos responsables de la miseria planificada por defender nuestros derechos[4]. Por eso, desde su punto de vista e intereses, era necesaria una nueva ley de Riesgo del Trabajo (la número 27.348). Incluso, el derecho a reclamar una indemnización por la reparación de los daños derivados del trabajo ya fue reducida durante el gobierno anterior. La ley se modificó durante el gobierno del Frente Para la Victoria con el apoyo del PRO, eliminándose la “doble vía” que permitía al trabajador cobrar la indemnización de la ART y, al mismo tiempo, recurrir a la justicia civil.

 Desde la SRT celebran que “cayó 36% la litigiosidad en el segundo trimestre de 2018”[5]. Sin embargo, que haya disminuido la cantidad de juicios no quiere decir que haya disminuido el nivel de accidentes. Lo que ocurre es que con esta nueva ley se limita el acceso directo a la justicia por parte de los trabajadores. En gran parte se debe a que se estableció que, antes de iniciar un potencial juicios,  los trabajadores deberán pasar por una comisión médica. Ésta tiene la potestad de establecer si la enfermedad deriva de un vínculo laboral. En caso de no ser reconocida, el propio trabajador será el encargado de cubrir los costos de su recuperación.

Más allá de los argumentos oficialistas y empresariales, con la nueva ley no aumentó el nivel de empleo. Es más, lo que ha aumentado es la desocupación y la pobreza en todo el país. Hasta aumentaron  las muertes de los trabajadores con la nueva ley.  Resulta obvio hasta para el más necio que la creación de empleo depende de cuestiones macro económicas que trascienden a la mencionada ley y a los juicios laborales. Incluso el número máximo de asegurados en este sistema de riesgos del trabajo son previos a esta ley, son de la ley anterior que promovía la “alta litigiosidad”. El número máximo de trabajadores asegurados se da en el 2015, llegando a los 9.869.790. A partir de entonces, comienza a disminuir[6], dando como resultado más desocupación y trabajo precario.

El nivel de empleo, al igual que el crecimiento de la economía, en nuestro país se encuentra relacionado de manera directa con el precio internacional de las materias primas y alimentos que se exportan, y no con la exigencia plena de nuestros derechos laborales, ya que el estado se apropia de una gran cantidad de dinero vía impositiva, la cual distribuye de manera directa e indirecta a otros sectores que, a diferencia del agrario, no son competitivos y necesitan distintos tipos de subsidios para seguir existiendo.

Como se desprende de lo recién mencionado, una disminución de la litigiosidad no bajara los costos de producción de los empresarios (principalmente de las pymes, las cuales son utilizadas como caballito de batalla por las trasnacionales) ni generará más empleo, sino que hará crecer las ganancias de todo el empresariado, empezando por las aseguradoras.

 

¿Por qué hablamos de asesinatos laborales?

Resulta difícil considerar como un simple “accidente” las muertes de cientos de trabajadores. Sus fallecimientos son ignorados, como también son desconocidas sistemáticamente las exigencias de condiciones dignas para trabajar. Llamemos a las cosas por su nombre, son asesinatos laborales. La “desinversión” en condiciones de seguridad e higiene por parte del Estado y los empresarios nos cuesta diariamente la vida.

La mayoría de estas muertes no son públicas. Solo en algunos casos, en donde hay cierto nivel de organización por parte de los trabajadores/as, salen a luz sus nombres y sus vidas. Menos públicas aún son las declaraciones de la patronal. Las pocas veces que la presión los lleva a expedirse, siempre se responsabiliza al trabajador por su propia muerte: “no siguió los protocolos de seguridad”, “no estaba capacitado”, “estaba borracho y drogado”, etc. Jamás se ponen en discusión los ritmos de trabajo y las condiciones laborales, el estado o la falta del equipamiento, la posibilidad de contar o no con ropa adecuada. Mucho menos, llega a ser cuestionado el objetivo de maximizar la ganancia de los capitalistas.

En estos momentos en que se profundiza el ajuste económico, cobra mayor protagonismo la discusión sobre los derechos de los trabajadores ya que a partir de su delimitación o eliminación se busca mantener la tasa de ganancia de los empresarios. Este es el caso del derecho a reclamar una indemnización por la reparación de los daños derivados del trabajo. Los defensores de la patronal afirman que hay un nivel de litigios muy alto, que es necesario reducirlo. Pare ellos, nuestra vida son “costos laborales”. De nosotros depende que hagamos valer los derechos conquistados y seguir avanzando hacia la vida digna que nos merecemos.

 

 

[1] Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017https://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/Informe%20Anual%20de%20Accidentabilidad%20Laboral%20-%20A%C3%B1o%202017.pdf

 

[2] http://www.infogremiales.com.ar/el-ano-pasado-743-trabajadores-fallecieron-por-accidentes-laborales/?fbclid=IwAR11WYQ1VF8FiCiKvnCwebj719MHgMWTTdzK3Elw4fZdfh-BuA6Q9JQ6wT8

[3] Datos INDEC, 2do trimestre 2018

[4] Los mismos argumentos son utilizados para justificar la reforma laboral.

 

[5] https://www.srt.gob.ar/index.php/2018/10/26/informe-srt-cayo-36-la-litigiosidad-en-el-segundo-trimestre-de-2018/

 

[6] En el año 2004 había 5.107.000 trabajadores asegurados en el sistema, lo que fue aumentando en forma paulatina año tras año, 5.718.000 en el año 2005, 6.449.000 en el año 2006, 6.986.000 en el año 2007, 7.637.000 en el año 2008, 7.814.000 en el año 2009, 7.855.000 en el año 2010, 8.177.000 en el año 2011, 8.526.000 en el año 2012, 8.734.000 en el año 2013, 8.967.000 en el año 2014, llegando al pico máximo histórico en Argentina de trabajadores afiliados al sistema el 1/12/2015 con 9.869.790, a partir de allí comenzó la declinación a 9.784.400 en 2016.

http://www.ladefensa.com.ar/La%20Defensa%2010/informe-especial-sobre-la-ley-de-riesgos-del-trabajo.,-por-gaston-valente-.html

Leído 328 veces Modificado por última vez el Miércoles, 31 Octubre 2018 21:09
Alan Lericino

Trabajador del estado. Militante sindical

1 comentario

  • Enlace comentario Gabriel Domingo, 04 Noviembre 2018 04:20 publicado por Gabriel

    "Cuando nada cambia y uno cambia, todo cambia " aprender y entender q un trabajo no vale nuestra vida !!!

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